Desde hace algún tiempo se oyen variadas voces que cuestionan la
reciente ley universitaria y en ella la creación de la Superintendencia de Educación
Superior Universitaria (SUNEDU).
Aquellos que así opinan se escudan en una comprensión muy cuestionada de
lo que es la Autonomía Universitaria, importándoles mucho menos el serio
problema de calidad académica que viven una buena parte de las universidades en
el país, sean ellas públicas o privadas.
Se ha olvidado que siendo la educación un derecho ciudadano, ella ha de
ser correspondida por un Estado que organice centros de estudios superiores con
la necesaria calidad para la formación profesional y ciudadana de los jóvenes
que a ellos concurran. Asimismo se pasa por alto que en el Perú los
grados y títulos se entregan “A nombre de la Nación” y que por tal motivo el
Estado tiene el deber de asegurar que, también en las Universidades privadas, se
cumplan altos niveles de calidad en la preparación de los alumnos.
Calidad implica, entre otros asuntos: un número pertinente de docentes
calificados –y bien remunerados claro está–; fomento de la vida comunitaria a
través de la ponderada y razonable participación de docentes y alumnos en el
gobierno de la institución; cultivo de la conciencia en los alumnos del
compromiso que han asumido frente a la sociedad y el país, el que nace
del privilegio de formarse como profesionales –situación que no es la de la
mayoría de jóvenes en nuestro país–; impulso a la creación del saber a través
de la investigación pues sin ella la Universidad pierde en su esencia y se
cierra al futuro; en fin, hacer de eso que llamamos Universidad un
espacio de encuentro comunidad, de diálogo crítico y reflexivo en el que no
sólo se cultive la inteligencia sino también la voluntad y los afectos.
Todo lo mencionado por desgracia es olvidado en nuestro país y ello
porque frecuentemente se asume como verdad incuestionable que la intervención
de la lógica de la empresa privada en la estructura y la vida académica de las
universidades mejorará la educación, supeditando los valores más propios de las
universidades al lucro entendido como el comportamiento “maduro” que han de
seguir personas e instituciones. Así se convierte en imperceptible
cualquier fin cooperativo, incluyendo el valor intrínseco de la búsqueda de la
ciencia y la expresión artística, o el cuidado de la investigación. Luego de la
creación del Decreto Legislativo 882, bajo el fujimorato, la proliferación de
universidades empresa no ha mejorado en absoluto la calidad educativa en las
universidades peruanas. Fascinados por las expectativas de lucro, estos nuevos
centros han facilitado hasta el extremo el ingreso de estudiantes, pero
no han buscado la formación de sus estudiantes ni han promovido la producción
científica.
Cuando el lucro sustituye al espíritu académico como motor de la vida
universitaria, la calidad del trabajo intelectual y el sentido crítico pueden verse
sacrificados en nombre de las expectativas de ganancia del propietario. En esta
situación se debe actuar con severidad frente a la existencia de centros de
educación de ínfima calidad, que sorprenden a los estudiantes con trucos
publicitarios y falsas promesas, ello a la par de que se brinde apoyo a las
instituciones, públicas o privadas, que sean fieles a su misión
formativa.
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